La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha anunciado este lunes que ha solicitado a los jueces permiso para emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. El fiscal jefe, Karim Khan, tiene “motivos razonables para creer” que son “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Gaza. La decisión constituye una de las respuestas internacionales más enérgicas contra la actuación Israel en Gaza desde que se inició la guerra, el pasado 7 de octubre. El fiscal Khan ha solicitado también a los jueces que se detenga a tres dirigentes de Hamás por los mismos delitos. Entre ellos figura Yahia Sinwar, jefe en Gaza del movimiento fundamentalista. Israel no es miembro del TPI, pero el paso del fiscal presiona y aísla a su Gobierno y amenaza con entorpecer los viajes de sus máximos representantes políticos al extranjero. La autorización para emitir las órdenes de arresto compete a los jueces del TPI, que disponen de varios meses para pronunciarse.
A principios de mayo, el fiscal Khan advirtió de que las presiones contra el TPI desde Israel y Estados Unidos —ante una posible orden de detención contra israelíes por la guerra en Gaza— podían constituir actos punibles. El jurista británico investiga el comportamiento de ambas partes en este conflicto desde hace siete meses y, en el caso de Israel, su solicitud de arresto se abre con un crimen de guerra poco mencionado en otros casos del TPI hasta la fecha: “matar de hambre a civiles” al menos desde el 8 de octubre de 2023. Es decir, al día siguiente del ataque de Hamás contra civiles israelíes, que causó 1.200 víctimas mortales. Al menos 35.000 palestinos han muerto hasta hoy, según las autoridades sanitarias de la Franja, en manos de Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica).
