CD. DE MEXICO, 11 DE ENERO DE 2024.- El gobierno central presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una propuesta de reformas y adiciones al Código Penal local con el fin de tipificar como delito la corrupción inmobiliaria; entre ellas se establecen penas de entre diez y 20 años de prisión.
El jefe de Gobierno, Martí Batres, manifestó que el proyecto busca evitar que se repliquen casos como el del llamado cártel inmobiliario –donde participaron funcionarios de la alcaldía Benito Juárez– y combatir la corrupción que lleva “al enriquecimiento ilícito”.
De tal forma que se prevé la creación del Capítulo 15 en el Código Penal de la Ciudad de México para establecer el delito de “corrupción inmobiliaria”.
Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, omisión o tolere la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”, se lee en el documento.
El mandatario capitalino manifestó que la iniciativa se presentó para enfrentar a los grupos políticos que hicieron de la corrupción inmobiliaria un negocio, “como en la Benito Juárez, donde tenemos 158 casos identificados del cártel inmobiliario”, cuyo combate inició en 2021.
En el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno advirtió que las sanciones alcanzarán a familiares de los funcionarios (hasta la cuarta generación, así como a concubinas o concubinos).
Las sanciones que se proponen son de entre diez y 20 años de cárcel y también alcanzarán a “cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos económicos o de dependencia administrativa, directa, socios o sociedades de las que sea parte el funcionario público”.
Reiteró que este tipo de corrupción trae consigo efectos negativos, como el encarecimiento de la vivienda y el impacto hídrico, de movilidad y ambiental para la ciudad.
Por la tarde, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, entregó la iniciativa a la Mesa Directiva del Congreso capitalino, en Donceles.
Dijo que espera que “el Congreso discuta la propuesta de manera rápida y que tome en consideración los elementos para, en su caso, aprobarla”.
Estos ajustes en el Código Penal de la Ciudad de México, serán relevantes para frenar todo tipo de irregularidades que se dan desde la autorización de un fraccionamiento o un edificio.
Y debería replicarse en los diversos estados de la república para un mejor control del crecimiento vertical y horizontal de las ciudades para que se ajusten estrictamente a las normas existentes de desarrollo urbano e impacto al medio ambiente, hídrico y de movilidad.
