Una jueza federal dictó la primera sentencia condenatoria por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la llamada Estafa Maestra.
Tras casi un mes de juicio oral en el Centro de Justicia Federal del Altiplano, el viernes pasado la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó evidencia suficiente que acredita la culpabilidad de dos ex funcionarios federales y de un apoderado de una empresa privada en este caso.
Los condenados son José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A. de C.V.; y una ex funcionaria más de menor rango.
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Aunque la resolución de la jueza pone fin al juicio las partes aún pueden presentar alguna apelación o un amparo, por lo que la condena no quedará firme hasta que se agoten estas instancias. Las penas para cada uno de los condenados – que se definirán en siguientes audiencias – podrían alcanzar hasta los 45 años de cárcel.
Para la FGR se trata de una victoria importante por la gravedad de los delitos imputados. Aunque en el pasado ya ha judicializado más de 25 procesos penales en contra de diversos implicados en la Estafa Maestra, todas eran por cargos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilícito de atribuciones.
Además, se trata del primer proceso penal que los fiscales logran impulsar hasta la fase de juicio oral y con un fallo favorable para la parte acusadora.
Pero este mismo proceso la FGR ha sufrido reveses previos luego de que la presunta líder de la organización delictiva descrita en la acusación, la ex secretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, obtuvo un amparo con el que logró que se cancelara la orden de aprehensión girada en su contra. Mismo beneficio que han obtenido otros dos implicados.
No obstante, los fiscales aún tienen la posibilidad de citar a una audiencia inicial a la exfuncionaria para tratar de iniciar en su contra este proceso por el que ahora ya hay sentenciados en una primera instancia.
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